¿CÓMO ES POSIBLE QUE EL SUPREMO VAYA CONTRA LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA? ALGUIEN QUIERE ACABAR CON LA JUSTICIA. POR NACHO DÍAZ.

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¿Jueces, banqueros y políticos corruptos?

lupitaNOTA DEL AUTOR: Todas las imágenes se pueden ampliar pinchando en la misma.

 

La jurisprudencia que estableció que el impuesto de las hipotecas lo pagarían los bancos no ha llegado a los 20 días de vida. El Pleno de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo ha acordado que el Impuesto de Actos Jurídicos Documentados lo pagará el cliente, a pesar de ser un bien que imponen los bancos y los beneficia a ellos, y por dicho motivo y según la ley, son los bancos los que han de pagarlos.

Carlos Lesmes Serrano es el Presidente del Tribunal Supremo desde que lo ‘nombró’ Mariano Rajoy en 11 de diciembre de 2013 a través de su quemado exministro Alberto Ruiz-Gallardón, que también lo ‘nombró’ a la vez Presidente del Consejo General del Poder Judicial. Parece ser que eso de ser doblemente ‘Ilustrísimo Señor’ debe ser un cargo muy lucrativo, pues este tío no ha dicho ni ‘mú’ desde mucho antes de que nombrasen Presidente a Pedro Sánchez, ni ha expedientado a ningún juez, no vaya a ser que le remuevan la silla.

Carlos Lesmes, Presidente del Tribunal Supremo y del C.G.P.J.

Por poner un par de ejemplos de inacción de las más de treinta o cuarenta actuaciones inmediatas que desde que está Pedro Sánchez okupando la Moncloa el doblemente Ilustrísimo don Carlos Lesmes Serrano tenía que haber emprendido expedientando a jueces desmadrados, no ha actuado disciplinariamente contra ninguno y especialmente contra la jueza presuntamente psicópata que tiene encerrado a Zaplana como a un perro, la titular del juzgado de Instrucción número 8 de Valencia, doña Isabel Rodríguez, a la que se le conoce por sus injustos archivos constantes de causas.

Tampoco lo ha hecho contra la jueza Carmen Rodriguez-Medel Nieto, la jueza que intentó sustituir a Baltasar Garzón en la Audiencia Nacional y se quedó a dos velas, la que reabrió el caso del máster de Casado –anteriormente ya lo había archivado-, con la única ‘prueba’ para hacerlo de que, según ella, “existen otras personas que realizaron este master con expedientes académicos similares y están imputadas”, viendo esta vez “indicios de responsabilidad penal como cohecho impropio y prevaricación administrativa”, esta ‘okupa’ de los juzgados de plaza de Castilla,  parece que quiere hacer “méritos” ante un paralizado CGPJ al ser ella misma, (según su propio LinkedIn), letrada del Servicio Relaciones Internacionales en el Consejo General del Poder Judicial.

Jueza Carmen Rodríguez-Medel

Estos dos ejemplos no son más que la punta del iceberg de la suciedad que impera en el Tribunal Supremo en concreto y en el CGPJ, en general.

Está claro que alguien quiere acabar con La Justicia en España.

Dentro vídeo de “España por Una Justicia Justa”

Respecto al tema que nos ocupa, el pago por parte de los clientes del impuesto de Actos Jurídicos Documentados  sobre la propia hipoteca, desde mi modesto punto de vista planteo dos cuestiones capitales:

  1. Está regulado en la ley, según artículo 29 del Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados:

«Será sujeto pasivo el adquirente del bien o derecho y, en su defecto, las personas que insten o soliciten los documentos notariales, o aquellos en cuyo interés se expidan».

Luego quien tiene interés en expedirlos, es el banco, por tanto, el banco es el sujeto pasivo y el que debe pagar el impuesto.

  1. La jurisprudencia omitida, es de 20 días antes en otro caso, cuando el Tribunal Supremo, sala de lo Contencioso-Administrativo, sección segunda, Sentencia núm. 1505/2018, 16 de octubre de 2018, daba la razón al cliente contra los bancos, concretamente y sin ambages, al final de la página 29.

«Cuarto. Anular el número 2 del artículo 68 del reglamento del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, aprobado por Real Decreto 828/1995, de 25 de mayo, por cuanto que la expresión que contiene (“cuando se trate de escrituras de constitución de préstamo con garantía se considerará adquirente al prestatario”) es contraria a la ley».

Luego, repito, ¿CÓMO ES POSIBLE QUE EL SUPREMO VAYA CONTRA LA LEY Y LA JURISPRUDENCIA? 😲

Y que, de nuevo, está claro que alguien quiere acabar con La Justicia en España.

 

 

 

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